El Pais: Land Restitution in Colombia – Little land, much death.

Originally published in the Blog of El País, written by guest author Gerardo Vega Medina, director of the Forging Futures Foundation (Fundacion Forjando Futuros) on January 10, 2014. This is part of a thematic series on the concentration of land tenure in Colombia, and was originally posted in Spanish.

An interesting analysis but the Ley 1488/the Land Restitution & Victim’s Law of 2011, is by no means potentially the “best law in decades”; it is historic but the law is rife with problems, particularly to the limitations on who gets to be considered a “victim”, and the cap on the amount of land to be returned, and how the restitution process can go for no more than 10 years.

Nevertheless, the fact that so many land community leaders continue to be murdered show not only the difficulties of trying to provide reparations during a conflict, but that land concentration and paramilitarism/armed groups working in the interests of large landowners are still alive and well in Colombia/despite the official discourse, Law 1488 by no means happening in a post-conflict or post-paramilitary context.

”

Road to Uraba

Last November 17, a peasant named Gildardo Padilla was murdered. Eleven members of his family, among them his parents, have been murdered in recent years . All because of their claims to La Gardenia and five more hectares of land in the town of Macondo, both farms in Urabá region bordering Panama . In this same region and in the same period Juan Jimenez Vertel , Benigno Gil, Jaime Gaviria , Albeiro Valdés, Hernando Perez, David Goez , Ana Isabel Gómez , Alejandro Pino, Manuel Ruiz and Samir Ruiz have been murdered for trying to reclaim their land . Only one paramilitary commander has been convicted of these crimes and those responsible for sponsoring and financing paramilitary groups remain unpunished .

This family, along with others, were forced to abandon their farms .  A climate of generalized violence, with 15,000 people murdered in Urabá , caused the displacement of 216,346 more. Between 1995 and 2007  it was common to hear many people being dispossessed with the phrase “either you sell [your land], or your widow will”.  Those behind the displacements also falsified public documents. The displacement can be summarized as such: while the paramilitaries threatened and murdered, front men and entrepreneurs bought, and public officials legalized the dispossessions.

The forcible dispossession and abandonment of land paved the way for its concentration into the hands of a few front men passing as entrepreneurs, some in the businesses of bananas, African Palm Oil, and cattle-ranching. The Attorney General of Colombia has a list of over 400 businessmen who financed right-wing paramilitary groups and to date there have been zero judicial decisions. An example is the banana multinational Chiquita Brands which funded paramilitary groups to the tune of $20 million. Consequently, Chiquita has been sanctioned by the U.S. to pay a $25 million fine. However the multinational has not taken on the responsibility of compensating victims , much less recognizing any criminal responsibility.

Since 2008, at a national level, 64 people have been murdered for demanding the restitution of their land. The dispossession and forced abandonment of land amounts to about 8.3 million hectares, which is equivalent to twice the total area of ​​Switzerland. The number of persons subject to this phenomenon of displacement would amount to the populations of the urban centres of both Madrid and Barcelona. However to date, the judges and the government have just returned less than 20,000 hectares.

The Land Restitution and Victim’s Law of 2011, , which regulates the current restitution process , represents a historic breakthrough and could be the best law enacted in decades given its recognition of victims and their right to compensation. However, if its implementation is not achieved, it could be the worst law as it could turn into more frustration and despair for a country that has suffered 50 years of conflict . The first and most important step is that the Colombian government and the judicial authorities ensure the protection and safety of land claimants so they do not continue being killed, displaced or threatened. Undoubtedly, a greater effort is needed from the government and from  judicial authorities to dismantle the criminal structures that today are attacking victims. Achieving the restitution of land would be a significant step towards peace and reconciliation in Colombia”.

Advertisement

VerdadAbierta.com: “Justicia y Paz, en la recta final para llegar con macro-sentencias de ‘paras’ en junio”

Justicia apurada, justicia negada? Una importante noticia sobre el proceso de justicia y paz/justicia ‘transicional’

Publicado originalmente el el Lunes 13 de Enero en VerdadAbierta.com

“La meta de cerrar los procesos contra 16 ex jefes paramilitares y guerrilleros postulados a Justicia y Paz con una sentencia que englobe a todos sus subalternos antes de junio de este año ya va a mitad de camino. VerdadAbierta.com muestra el estado de esos procesos y los pronósticos que hacen fiscales y abogados de víctimas y postulados.

Desde inicios del año pasado, la Fiscalía decidió cambiar la estrategia de Justicia y Paz, y darle prioridad a los casos contra 16 de los principales ex jefes paramilitares y guerrilleros postulados al proceso para poder conseguir sentencias definitivas en un menor plazo. Con la estrategia original, que pretendía juzgar a más de tres mil postulados a Justicia y Paz caso por caso, según ordenaba la Ley 975 antes de que fuera reformada, el cálculo daba que tomaría casi un siglo terminarlos, una contradicción en sí misma pues se trata de una justicia transicional. (Ver nota: El año decisivo para Justicia y Paz).

De ahí que se haya reorganizado el trabajo de la Fiscalía para sacar adelante inicialmente 16 macro-procesos – reducidos ahora a 13 para la etapa de juicio – encabezados cada uno por un ex jefe de los grupos armados que está postulado a Justicia y Paz, con el objetivo de que éstos terminen en 16 sentencias colectivas para ellos y quienes fueron sus subalternos, y en reconocimientos, colectivos también, a quienes fueron sus víctimas.

La meta de junio de este año no es gratuita; en ese mismo mes muchos postulados, incluidos jefes paramilitares, podrían comenzar a solicitar su libertad porque cumplen los ocho años de prisión, la pena más alta a la que pueden ser condenados en Justicia y Paz. (Ver nota: Así será la priorización de Farc y Auc en Justicia y Paz).

El nuevo método consiste en que primero la Fiscalía hace las imputaciones contra los postulados (las acusaciones por sus delitos) en audiencias preliminares frente a los Tribunales de Justicia y Paz, y luego, comienzan las audiencias concentradas, en las que se expone de una manera más detallada los hechos o crímenes por los que son juzgados los postulados; después, el incidente de identificación de afectaciones causadas a las víctimas, y termina con la sentencia y las posteriores audiencias de cumplimiento.

Hasta el momento, tres de esos procesos están por entrar a la última etapa de “audiencias concentradas”. Otros nueve macro- procesos se encuentran un paso atrás, en las “audiencias preliminares”, y los demás están en etapas anteriores.

El 9 de diciembre del año pasado, Juan Pablo Hinestrosa, director de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, defendió en una rueda de prensa el trabajo de la institución: “en junio de 2014, postulados como Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, y otros postulados de mayor y menor rango van a quedar libres por el vencimiento de sus penas cumplidas. La apuesta que hace la Fiscalía desde que empezó esta administración es lograr que cuando empiecen a quedar libres estos postulados se tengan sentencias condenatorias para así cumplir con lo que se llama Justicia Transicional”, explicó.

La justicia transicional colombiana, que se ha aplicado en varios países como una manera de dejar atrás la guerra, buscó suspenderles las condenas por sus múltiples delitos atroces a aquellos paramilitares y guerrilleros que se comprometieron a dejar las armas en forma colectiva o individual, e imponerles penas de máximo ocho años de cárcel, a cambio de que colaboraran con la justicia, la verdad y la reparación de sus víctimas. Y este año se cumple esa pena máxima de ocho años para muchos de ellos.

VerdadAbierta.com consultó a fiscales, abogados de postulados y de víctimas que participan en el proceso y coincidieron en que no es muy probable que se consigan fallos condenatorios de los postulados y sus subalternos en los cinco meses que faltan. Además, algunos de ellos advirtieron que no sólo importa la celeridad con que se adelanten los procesos, si no que se cumplan los principios generales de la Ley de Justicia y Paz de responderle a las víctimas y a la sociedad con verdad y justicia y una reparación debida.

Las cuentas
Hasta diciembre del año pasado se habían realizado las imputaciones contra nueve de los postulados. Cada una de estas imputaciones incluye la descripción de la larga lista de crímenes que confesaron los ex paramilitares o ex guerrilleros y su grupo o que el fiscal del caso documentó, según los tipos de delitos que Fiscalía fijó como prioritarios. Estos son: violencia sexual, desplazamiento forzado, desaparición forzada, reclutamiento de menores y casos de connotación, que son delitos seleccionados por el fiscal de cada grupo como masacres, secuestros, extorsiones a gremios regionales u homicidios de minorías o líderes de la comunidad.

Los procesos que van más avanzados son los de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, el del comandante del Frente 43 de las Farc, ‘Martín Sombra’, y el del Ejército Revolucionario Guevarista. Las audiencias concentradas están fijadas para el próximo 20 de enero en los tribunales de Justicia y Paz de Bogotá y Medellín.

La diligencia que hasta el momento más retrasos presenta es la de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, que iniciará el 27 de enero con la imputación de cargos por su participación como comandante de los Bloques Héroes de Granada, Héroes de Tolová y Cacique Nutibara. (Ver nota: Magistrados ordenan indagar sobre espinosas verdades)

Al hacer los cálculos hay que considerar que la Ley 1592 de 2012 que reformó la Ley 975 de 2005 o de Justicia y Paz, no establece ningún tiempo límite de duración de las audiencias preliminares y la concentrada. Los únicos plazos establecidos son los de los intervalos entre la finalización y el inicio de una nueva etapa.

A mediados del año pasado, cuando se anunciaron los primeros avances de la estrategia de priorización, la Fiscalía había anunciado que el 31 de julio de 2013 tendría radicados los escritos de imputación de cargos para que los magistrados establecieran la fecha de inicio de las audiencias. Sin embargo, los cálculos eran optimistas para el volumen de trabajo que esto implicaba y los fiscales sólo pudieron terminar estas imputaciones entre octubre y diciembre o apenas están por terminar. Un fiscal le explicó a VerdadAbierta.com que las audiencias concentradas podrían tardar un poco más que las imputaciones, pues la formulación de cargos es más detallada. “Se abordan todos los casos con más profundidad –explicó –, ahí debe quedar muy claro quiénes fueron los autores y si fueron materiales o no, y presentar todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar”.

En el siguiente gráfico puede visualizar mejor cómo es el proceso de priorización y el estado en el que se encuentran:

Se recomienda ver la presentación en pantalla completa.
Dé clic en Start Prezi y luego en el cuadro de la parte inferior

 

Infraestructura
Uno de los problemas que más llama la atención de los defensores de los postulados y las víctimas es la escasa infraestructura y personal con la que cuenta la justicia para hacer esta inmensa tarea. La mayor parte de la responsabilidad para dictar esas 16 macro-sentencias recae sobre los seis magistrados de conocimiento de Justicia y Paz con los que cuenta el país (cuatro en Bogotá, uno en Medellín y uno en Barranquilla). Los fallos hasta el momento se refieren a 11 mil hechos que comprometen a 34 mil víctimas. A esto habría que agregar las demás diligencias que se derivan de los casos de otros postulados y estructuras guerrilleras y paramilitares que no han sido definidos como prioritarios, pero que aun así deben continuar.

Sobre esto, el director de la Unidad de Justicia y Paz, citó al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, en una intervención que había hecho meses atrás diciendo: “señores Magistrados, el balón está en su campo, de ustedes depende que podamos sacar esta sentencias condenatorias antes de junio de 2014. De ustedes depende que este esfuerzo macro de la Fiscalía, Unidad de Justicia y Paz, no sea inocuo, que no estemos arando en el mar. Que realmente podamos mostrar que en Colombia no nos quedó grande la Justicia Transicional y que estamos en la Fiscalía General de la Nación, preparados para recibir un eventual proceso de Justicia Transicional que llegare de La Habana. Estamos demostrando que la política de priorización es un hecho, es un éxito. Que hemos cumplido, nos falta mucho por hacer, pero que lo que primero hicimos fue fijar una estrategia para poder evacuar en mayor medida toda esa cantidad de hechos y de víctimas que están reclamando justicia”.

No obstante, el trabajo de investigación de varias decenas de equipos de fiscales debe ser evaluado y sopesado por pocos magistrados con equipos de trabajo pequeños, para poder conducir adecuadamente la etapa de juzgamiento y dictar sentencia. Como dijo un abogado de uno de los postulados, “los magistrados no tienen el don de la ubicuidad”.

Explicó que “el deseo de todos es tener las sentencias, pero si uno ve el proceso desde la infraestructura es complejo, hay mucha distancia de lo que se quiere a lo que ocurre”. Además dijo que se requiere que colaboren también otras entidades como el Inpec, y las otras partes que participan del proceso. No obstante las dificultades, aseguró que “desde la metodología que se implementó con la priorización, en el último año por lo menos se logró algo que no se había obtenido desde el 2005: en un día se imputaron 300 hechos”.

Los aplazamientos han sido una de las causas en los retrasos de las audiencias. En los meses anteriores, entre julio y diciembre del año pasado, en los que la Fiscalía había programado la etapa de las audiencias preliminares, se han presentado retrasos por diferentes motivos que van desde problemas en el transporte de los postulados desde las cárceles, excusas médicas por parte de los postulados hasta simples trámites jurídicos o administrativos.

Otro jurista que defiende a un ex jefe paramilitar extraditado a Estados Unidos expresa que para este año también hay que corregir los problemas logísticos que se presentaron en etapas anteriores. Relata que hubo retrasos de días o semanas porque los dispositivos para hacer las videoconferencias se dañaban o el Inpec fallaba en el traslado de algunos postulados.

Una defensora de víctimas de varios procesos de Justicia y Paz, entre ellos el del Bloque Central Bolívar, coincidió con las contrapartes en que los magistrados son muy pocos para tantas sentencias.

La meta
Esta misma abogada advierte, sin embargo, que “no se trata de afanarse para mostrar resultados. La eficiencia y la eficacia no pueden ir por vías distintas. La celeridad no puede recortar la esencia de Justicia y Paz, es decir, debe quedar claro que para reparación debe haber verdad, y no hay verdad si no hay justicia”.

La defensora también señala que “las víctimas están esperando que desde hace 10 o 20 años se les cuente la verdad. Lo que puede salir en junio son sentencias parciales, es decir una verdad parcializada. Porque los delitos priorizados excluyeron en algunos casos torturas, secuestros o robos. Y antes de que una víctima fuera asesinada, años antes había pasado por todo eso. Hay que tener en cuenta la reparación”.

El abogado del ex jefe paramilitar manifiesta que “estoy de acuerdo con la Corte cuando dice que es imposible llegar a una verdad absoluta del conflicto. Pero estas macro-sentencias deben contar la verdad para garantizar la no repetición. Hay víctimas que a pesar de contar ya con las sentencias, no han sido indemnizadas después de un año, y también hay temor entre los postulados que después de tanto tiempo queden libres y no quede muy clara su situación. Hay que pensar desde ahora en las seguridades jurídicas”.

Hasta este punto del proceso es claro que lo que falta para terminar es bastante: de cuatro partes del proceso de juzgamiento se ha avanzado parcialmente en la primera y faltarían otras tres, que en la práctica serán más extensas. El reto de alcanzar las 16 macro-sentencias anunciadas por la Fiscalía en el tiempo en que se lo propuso y, al mismo tiempo cumplir con los requisitos de la Ley de Justicia y Paz, recae casi completamente sobre los hombros de magistrados y fiscales.

No obstante, la responsabilidad de que esta se logre se extiende a diversas entidades que intervienen en el proceso. Por ejemplo, tan solo que un postulado no vaya a una audiencia programada porque el Inpec no hizo el traslado, o que no se haga una transmisión de una audiencia ente víctimas en un lugar remoto por razones técnicas, puede retrasar un caso varias semanas.”

Drummond, un desastre ambiental, económico y social

Originalmente publicado el lunes 18 de febrero, 2013 en Razon Publica. Por Rafael Pardo de Colombia Medio Punto.

”

Un análisis revelador y detallado del contrato leonino y de la larga cadena de abusos  y de excesos de esta compañía carbonera durante 25 años.

Álvaro Pardo*

​Se nos creció el gringo

Gary Drummond, un mediano productor de carbón en Alabama, Estados Unidos, suscribió en 1988 con Carbocol el contrato de Aporte Minero 078 para operar La Loma, cuyos términos y condiciones le permiten actuar en los departamentos de Cesar y Magdalena como una república independiente, sin más leyes y normas que las que la compañía misma establece y que el Estado debe respetar.

Con diez años de anticipación, la compañía Drummond solicitó a la autoridad minera renovar el oneroso contrato de Aporte Minero de La Loma, que vence en el 2019, y que arrastra un enorme historial de irregularidades e infracciones a las normas ambientales, y un ostensible desprecio por el entorno social, los derechos humanos y la legislación laboral.

Con una producción superior a los 23 millones de toneladas en el 2011,  esta compañía se ha convertido en la segunda carbonera más importante del país — después de Cerrejón — a costa de transformar, en complicidad con el Estado, un rico departamento agropecuario en un desierto en construcción.

​Gary Drummond, un mediano productor de carbón en Alabama, Estados Unidos, con alto vuelo en Colombia. Foto: Justice For Colombia.

Contrato leonino

Quienes pensaban que Cerro Matoso era un modelo de lo que el país no debía hacer en materia de contratación minera, están equivocados. Veamos algunas joyas del contrato original y de los otrosíes que conforman el contrato 078 de 1988.

A diferencia de todos los demás contratos mineros del país — que pagan regalías por la producción en boca de mina — Drummond logró pactar que las regalías se paguen por los volúmenes que embarcan. De manera que todo el carbón que se pierda en el proceso técnico, de transporte y de embarque corre por cuenta del Estado. Por ejemplo, el carbón que fue arrojado al mar el pasado 13 de enero es una pérdida para el Estado.
Todas las cifras del contrato son presuntivas. Inversión presuntiva, ganancias presuntivas, costos presuntivos y fletes presuntivos. Sobre estas cifras presuntivas, se calcularon las regalías y se pagaron los impuestos; se permitió el uso de estos estimativos, porque “la empresa requiere tener suficiente flexibilidad técnica para su adecuado desarrollo”.
Las regalías son del 15 por ciento sobre el precio FOB presuntivo. Además de ser presuntivas, las regalías no se pagan como en los demás contratos mineros —  sino el primer 5 por ciento a los 30 días del embarque y el 10 por ciento restantes otros 30 días después. Una forma elegante de financiarse con recursos del Estado.
Uno de los logros económicos más importantes para el país fue haber pactado una ganancia presuntiva equivalente a las ventas brutas de carbón menos los costos presuntivos y la renta de los activos. Como los costos presuntivos los estima Drummond, el Estado no ha recibido jamás un solo peso por este concepto.
El precio FOB del carbón de Drummond se fijó inicialmente en relación directa con el precio FOB del carbón del Cerrejón. Sin embargo, desde cuando se enajenaron los intereses de la Nación en Cerrejón, el precio fue fijado durante varios años por la misma compañía. La autoridad minera ni se inmutó por el riesgo moral de la información, pese a que es una variable fundamental para calcular las regalías y pagar impuestos.

Actualmente, las regalías se liquidan mediante una fórmula compleja, cuyas variables surgen sin que la autoridad minera las pueda fiscalizar. Las restricciones al acceso a la información son tan grandes, que la realidad contable de la operación está cubierto con un manto de confidencialidad.

Las regalías se liquidan mediante una fórmula compleja, cuyas variables surgen sin que la autoridad minera las pueda fiscalizar.

El contrato de La Loma se extiende hasta el 23 de febrero del 2019, y el mismo contrato establece la forma como se llevará a cabo la reversión gratuita de los bienes al Estado. Sin embargo, y pese a que no hay posibilidad de renovación, desde 2009 la compañía inició gestiones orientadas a lograr una nueva prórroga de 30 años, con la misma estrategia litigiosa, irregular y mañosa de Cerro Matoso.

Entre los costos deducibles para obtener el precio FOB Boca de Mina se incluyen los costos operativos, hecho que es razonable y que se aplica a los demás contratos mineros. Pero Drummond logró también que se permitiera la deducción de costos no operativos, como amortizaciones y rendimientos sobre la inversión.
En ocasiones, los costos operativos y no operativos fueron tan altos que superaron los precios de venta del carbón y el precio FOB Boca de Mina fue negativo. La autoridad minera no tiene forma de verificar esta información.

Cuando Carbocol necesite revisar una información, designará una firma independiente, aceptable para Drummond, para verificar los pagos de las regalías, y podrá revisar todo, excepto la información de las actividades realizadas entre Drummond y las demás empresas de su grupo. Esa es la forma clásica de reducir los impuestos y regalías que pagan las multinacionales a los países pobres con recursos naturales no renovables.

La información sobre embarques es provista por un certificador independiente, nombrado y pagado por Drummond. Toda la información relevante depende de la compañía y todo el contrato está diseñado para defender sus intereses económicos.

Compras de carbón a terceros, mezclas de carbón en puertos, depreciación de bienes ya depreciados, venta de un porcentaje de  los RNNR del Estado a la japonesa Itachu y tarifas férreas son temas también grises y confusos en este contrato. En tres auditorias, la Contraloría General de la República se llamó la atención sobre estos temas, pero ni empresa, ni autoridad minera, se dieron por enterados.

En un ejercicio preliminar, la Contraloría General encontró que los costos de transporte por tonelada en tren eran inexplicablemente superiores al transporte terrestre. Por ese concepto, integrado a los costos operativos, el país habría dejado de recibir unos 60.000 millones de pesos en 2005.

Por ejemplo, el carbón que fue arrojado al mar el pasado 13 de enero es una pérdida para el Estado.

En fin, el análisis del contrato revela la gran debilidad negociadora del Estado; su desmedido afán de atraer a cualquier costo a inversionistas extranjeros para que, mediante la explotación acelerada de los recursos naturales no renovables, se cree un flujo de caja representado por impuestos y regalías; el poder de las multinacionales para imponer sus propias condiciones, desde luego muy provechosas para los privados, y el profundo desprecio por todos los demás aspectos del entorno minero: el medio ambiente, la comunidad, los trabajadores, los derechos humanos y los poblados confinados.

En los Contratos de Aporte firmados con Drummond, Cerro Matoso, Prodeco y Cerrejón, los mayores productores de carbón y níquel, se manifiestan tanto el poder de las multinacionales para diseñar un esquema contractual que les permite maximizar sus ganancias como la ausencia de un Estado y una política minera que defienda los intereses de los colombianos.

Un estorbo para la gran minería

Decenas de estudios académicos, independientes y de los organismos de control coinciden en el inmenso daño ambiental de las diversas operaciones de gran minería a cielo abierto que se adelantan sin mayor control oficial en la zona central del departamento de Cesar.

Al proceso de desertización lo acompañan las corridas del río Calenturitas, la desaparición de arroyos y de grandes superficies de vocación agrícola y pecuaria, y las oleadas de polvillo de carbón que azotan la salud de niños y ancianos,

A esto se agrega la negativa de la compañía para tomar medidas que reduzcan la emisión de polvillo del carbón durante la explotación y el transporte, así como la burla a las normas que lo obligan al cargue directo del mineral en el puerto en Santa Marta. El plazo para iniciar el cargue directo ha sido, inexplicablemente, ampliado por el gobierno de 2010 [1] a 2014. Muchos apuestan a que la compañía logrará una nueva extensión de este plazo.

El reciente vertimiento de carbón al mar en inmediaciones de Ciénaga, cerca a Santa Marta (un hecho que Sandra P. Vilardy  analiza en esta misma entrega de Razón Pública)  es una muestra más de su ineficiente sistema de carga, de la desidia frente al ecosistema natural, del desconocimiento deliberado del procedimiento de manejo de contingencias y de la falta de transparencia y ética empresarial.

No obstante, el expresidente de Drummond, Augusto Jiménez, repite con frecuencia que la minería en Colombia se está marchitando debido a las trabas de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a la ineficiencia de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), a los indígenas que no dejan trabajar y a las ONGs ambientalistas que le generan un mal ambiente al sector.

 Sin sonrojarse siquiera, repitió esta diatriba durante una cumbre de la gran minería con presencia del presidente Santos el pasado 29 de enero, dos semanas después del ecocidio frente a las playas de Santa Marta.

La Drummond ha recibido varias multas por infracciones a las normas ambientales:

• el 17 de julio del 2007, mediante resolución 1286 de 2007, el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial impuso una multa por 140 millones de pesos,  por contaminar el mar y por no haber tomado los correctivos correspondientes para el transporte adecuado del mineral.
• También en 2007, el mismo ministerio multó con 130 millones de pesos a American Port Company Inc. por exportar más carbón del autorizado;
• En 2008, la compañía debió pagar otra multa de 1.700 millones de pesos, por la construcción de corredores y vías sin licencia ambiental.

El oneroso contrato de Aporte Minero de La Loma, que vence en el 2019, arrastra un enorme historial de irregularidades e ​infracciones a las normas ambientales. Foto: sintramienergeticanacional.blogspot.com

Con cara gana Drummond, con sello pierde el país

El contrato original establece que cuando Drummond incumpla el contrato, si paga la multa en los siguientes primeros diez días, el hecho no se considerará un incumplimiento y no quedará registrado en el expediente.

Sin embargo, cuando el incumplimiento es imputable al Estado, como fue el caso de Ferrovías, Drummond no dudó en demandar ante la Cámara de Comercio Internacional de París, pleito que ganó y que significó un costo de unos 60.000 millones de pesos para la Nación. De acuerdo con los documentos disponibles sobre la materia y al informe de Noticias Uno el pasado 9 de febrero, el gobierno pagó la multa a Drummond el 28 de diciembre de 2012.

Otro tema que llama la atención: Peter Burrowes, presidente de FENOCO entre junio de 2008 y agosto de 2012 — empresa que heredó la demanda de Drummond contra Ferrovías y quien en ese periodo ha debido defender los intereses del Estado –, fue nombrado en noviembre de ese mismo año Vicepresidente Ejecutivo de Drummond Internacional. Aunque se alega que la puerta giratoria no tiene nada de ilegal, por lo menos sí se nota un cierto grado de indelicadeza que deja mucho que pensar.

“Estamos muy orgullosos de nuestro historial en Colombia”, dijo Drummond en un comunicado recientemente expedido, en el que además se declaran víctimas del asalto intelectual de sus críticos. Este es el cinismo con que actúan en Colombia estas compañías, especialmente las que conforman el gremio de la Minería a Gran Escala.

Proven Excellence in Colombia

Pobladores de El Hatillo, Plan Bonito y Boquerón esperan desde 2010 que Drummond, entre otras, comiencen la ejecución del plan de reubicación para escapar de la grave polución causada por la explotación de carbón a cielo abierto.

Confinados en sus casas, presionados por montañas de material estéril, con problemas de salud y sin alternativas de vida, los habitantes de las áreas de influencia esperan que gobierno y compañías mineras se pongan de acuerdo para solucionar este grave problema de confinamiento, una de las formas más atroces de atropello a la comunidad.

Recientemente, un juez penal condenó a 37 años de cárcel a un contratista de Drummond por el asesinato de dos sindicalistas de la empresa en 2001. El condenado, Jaime Blanco Maya, insiste en que la orden del asesinato provino de la cúpula de Drummond. Según el artículo de El Nuevo Herald del 10 de febrero de 2013, el juez ordenó a la Fiscalía investigar a Gary Drummond y a Augusto Jiménez.

Más de 400 trabajadores y extrabajadores con incapacidad por enfermedades profesionales y asma ocupacional (sílice + carbonilla en los pulmones), hablan mal del programa de salud ocupacional. Aquí el Ministerio de Salud ha sido el gran ausente de esta problemática.

Más allá de lo que pagan por regalías e impuestos, esta compañía — cuyo lema es Proven Excellence in Colombia — ha resultado un auténtico desastre para los colombianos. Ojalá la autoridad minera tuviera el valor civil de NO renovar el contrato minero.

*  Director de Colombia Punto Medio

** Los documentos utilizados en este artículo en
www.colombiapuntomedio.com

“

La Histórica Marcha para la paz – sus intereses, su significado, el precio de la paz, y sus excluidos

Foto: EFE.

Hoy día en las calles de Bogotá millones de cuerpos colombianos se salieron a las calles, diciendo que ya no quieren mas amenazas a la integridad y seguridad de los mismos cuerpos. Estos cuerpos, despues de 49 años de asesinatos, masacres, lesiones, minas antipersonas, despariciones forzadas, reclutamientos forzados, desplazamientos forzados, violaciones, torturas, secuestros, bombas, y amenazas, quieren traer a la realidad el sueño de una Colombia en paz en vez de una en guerra contra los subversivos.

La marcha fue inicialmente organizada por La Marcha Patriotica y Colombianas y Colombianos por la Paz, liderados por la ex-senadora y auto-denominada defensora de derechos humanos, Piedad Córdoba. Esta fue una movilización pacifica en favor del actual proceso de paz entre el gobierno colombiano y la mayor insurgencia en el país, las FARC-EP.

La movilización se esta realizando en el símbolico 9 de avril, el día nacional de memoria y solidaridad con las víctimas, y el anniversario del asesinato del caudillo Libéral, Jorge Eliecer Gaitán Ayalo que desató el periodo de guerra llamado “La Violencia”.

Algunos medios estan hablando de que asistieron diez de miles a la marcha en solo la plaza de bolivar; otros, especialmente en las redes sociales, ponen la cifra de asistentes en mas de un millón solo en la capital.

En un sentido, esta marcha se puede considerar como histórica en que muestra un completo cambio de tono de las movilizaciones. Hace solo 5 años, la marcha ‘histórica’ fue la del Sr Oscar Morales quien a traves de Facebook organizó la campaña de “Un Millón de Voces Contra Las FARC” que movilizó, por la primera vez en años, millones de colombianos en contra de ese grupo armado. Sin embargo, esta marcha fue fuertemente críticada por su parcialidad (tapando los crímenes de los paramilitares y las Fuerzas Armadas) y por validar el discurso guerrerista y anti-guerrillero del establecimiento político y su contrainsurgencia. Vale resaltar que el ex-Presidente Uribe apoyo esta marcha y sus objetivos.

Ahora, se habla de una marcha pacifica en contra de la guerra y por la paz, organizada por unas entidades que son por nada non-controversiales (la ex-senadora y la Marcha Patriotica han sido acusadas de tener vinculos con la insurgencia marxista). Sin embargo, el país en esta ocasión parece unirse en una marcha multidinaria, sin importar las diferencias sociales y políticas de los participantes, en contraste a la marche de hace cinco años que estaba mas explicitamente ligada a intereses políticos particulares.

Aunque fue organizada por estos seres que todavia tienen una posición ambigua y controversial en el imaginario público, la marcha y su gesto para la paz fue bien recibida por muchos sectores del pensamiento corriente – el propio Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, invitó a los colombianos a marchar. El Partido de la U tambien ha estado en favor, y el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro tambien llamo con mucha pasión a los colombianos a unirse a este gesto de solidaridad con las víctimas. Hasta los medios corrientes también domestraron su apoyo para la marcha.

Mejor dicho, los manifestantes de la MP quienes vinieron de todas las partes del país, muchos de ‘la Otra Colombia’, invitaron a la Colombia urbana y de clase media a temporaneamente olvidar sus divisones sociales y marchar por una paz común. Y la invitación, inesperadamente, fue bien recibida por la sociedad urbana que hace pocos años estaba marchando en pro de la contrainsurgencia.

Yo creo que la reflexión del editor de la Revista Semana mejor describe el momento político que ocurrió hoy:

En este sentido, quizá la principal lección del 9 de abril no es simplemente que el gobierno logró un importante apoyo callejero y popular a su política de negociación, sino que colombianos de orillas muy distintas, incluso enfrentadas, lograron coincidir por un día, en completa calma, en torno a un objetivo común. Pasada la marcha, por supuesto, las diferencias seguirán. Pero hay muy pocos precedentes de una alianza que vaya de lo más granado del establecimiento hasta lo más ‘duro’ de la izquierda a favor de la paz y la solución negociada. Hasta las Farc y el Eln dieron su apoyo a la manifestación.

Sin embargo, la marcha para la paz, irónicamente, pese a su caracter unificador, también resaltó las profundas divisones sociales y políticas que el proceso a agujido. Oponentes a la marcha incluyeron la rara combinación del Polo Demócratico Alternativo (aunque el congresista Ivan Cepeda y Gustavo Petro asistieron), y por supuesto, el ex-Presidente Uribe y su Puro Centro Demócratico. Los izquerdistas, por su parte, no quieren legitimizar una supuesta politicización del proceso usado por el Presidente Santos para su reelección.  Los uribistas, consideran que negociar con el grupo armado es legitimizarlo y que el proceso esta negociando ‘temas de nación’ con un grupo de ‘narcoterroristas’. En particular, el expresidente a traves de su radio-periodico de Twitter trato a la marcha de un ‘irrespeto’ para las víctimas de la insurgencia.

–

La marcha tiene bastantes apuestas políticas como lo contó La Silla Vacía- primero que todo, legitimizó, parcialmente, a la Marcha Patriotica y a la ex-Senadora. También, aunque Santos no marcho hasta la Plaza de Bolivar (como lo dijo el editor de Semana, ‘no hubo foto del Presidente con la ex-Senadora’), se puede ver facilmente como la Marcha le esta dando al Presidente una gran ayuda en lograr el ‘mandato’ popular para la negociación del cual le reclamaba el ex-Presidente Andrés Pastrana en su crítica del proceso.

–

Todo en este mundo, y mucho más en Colombia, tiene interéses particulares – la paz de Colombia debe ser para todos los colombianos, multidinaria, como fue la marcha de hoy. La paz no le debe corresponder a ningún partido político ni ningún mandatario, pero como algunos del Polo han señalado, esto no es el caso.

De el mismo sentido, tenemos que interrogar: esta marcha, y esta paz, es de quien y para quien? Los que ahora estan sentados en la mesa en La Habana discutiendo el comienzo del fin del largo y sangriente conflicto social y armado colombiano son generales, representantes del gobierno casi exclusivamente bogotanos, y no una representación amplia de quienes tienen  mayor interés en una desmovilización de las FARC-EP (los residentes de las comunidades bajo su dominio). De otra parte, no son los miles de soldados menores de edad ni víctimas de las FARC-EP que tienen su silla en la mesa, pero Iván Marquéz, el no. 2 de esta organización guerrillera y el líder del Bloque Caribe quien ha sido acusado de varios crímenes de guerra.

Mejor dicho, lo que se esta negociando en La Habana es una paz entre victimarios. Tanto el gobierno como la guerrilla se creen las víctimas, y ningunos (aunque Timochenko si se pronunció sobre esto despues de la restitución de tierras por el gobierno colombiano en el Caguán) se han comprometido a darle la cara a sus víctimas.

Esta falta de reconocimiento de sus crímenes (de ambas partas) en PRO de la paz, es muy diferente al discurso de memoria y exigencia a la verdad y la justicia que caracterizó mucho de los mensajes vistos hoy por las calles de Colombia.

No digo que lo perfecto sea el enemigo de lo bueno, pero se tiene que reconocer que como todo en Colombia, este proceso se ha dado a una centralización y burocratización; quitandole el poder y la palabra a los líderes comunitarios y los que siguen viviendo la guerra. Como lo dicen los analistas del CINEP/PP un proceso duradero y legítimo tiene que ser regionalizado. 

El enfoco gubernamental sobre la prudencia (que los guerrilleros también han respetado) hace mucho sentido dado la caotíca naturaleza del Caguán. Se ha hablado en unos sectores de someter el acuerdo a una asamblea constituyente, o un referendo popular (que, por supuesta, podria ser derrotado por el uribismo). Sin embargo, daría mucha pena si la paz, como fue la paz coja del 58 que acabó con la ‘Violencia’ pero abrió el camino para las FARC, sería como la guerra en este país – impuesta por los poderesos sobre ‘la Otra Colombia’ sin consulta ni espacio para sus voces.

–

Uribe y su Puro Centro Demócratico dice que el no es opositor de la paz, pero que se opone a ‘paz con impunidad‘. La diversidad en la marcha hoy quizas muestra que la mayoría de los colombianos quieren poner sus diferencias al lado y tomar ventaja de esta rara oportunidad para un acuerdo viable con una guerrilla que hace pocos años se tildaba de ‘narcoterrorista’ y hace unas decadas se pensó invencible. Sin embargo, solo porqué los Uribistas no han salido a la calle no quiere decir que no tienen apoyo, y que todas las víctimas esten a favor del proceso.

La paz, como todo en este mundo, vendrá con su precio. Las FARC-EP han dicho reitaradamente que no irán a la carcel como parte de un acuerdo. Ellos se consideran las víctimas; quieren hacer política ahora con garantias y no le quieren dar la cara a sus víctimas, ni de que hablar de cumplir castigo por sus delitos.

Entonces, se puede decir, de alguna manera, que Alvaro Uribe si tiene razón. Indudablemente, va tener que ver un compromiso entre la “justicia” y la “paz”. Muchos en la izquierda, y con buena razón, fueron muy críticos hacia el proceso de desmovilización con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sin embargo, parece muy estraño que el vocero que les esta reclamando a las FARC-EP las víctimas sea el ex-Presidente contra-insurgente y no esta dando esa misma crítica. De todos modos, se tiene que decir que ese compromiso entre la justicia y la paz es un tema muy delicado y controversial; dentro de los medios de comunicaciones corrientes, los políticos, y la mayoria de analistas que estan a favor del proceso hay un lenguaje de llamado al perdon y la reconciliación como si las víctimas se las deben al país, pero ese compromiso (cuanta ‘justicia’ en cambio a cuanta ‘paz’) no es algo que se podrá imponer desde La Habana, ni desde Bogotá. La paz del 58 fue una paz entre victimarios, poderosos, y que fue impuesta, dejando heridas abiertas que dejaron la tierra colombiana fertil para el derramo de sangre de la proxima media decada.
–

Finalmente, la guerra en Colombia en muchos sentidos si y no es contra las FARC-EP. Esta guerrilla sigue desplazando, matando, amenazando, reclutando, y cometiendo todo tipo de crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero la violencia del neoparamilitarismo es mucho más de una amenaza a la seguridad pública que las guerrillas. Esto no quiere decir que la prioridad que se da al dolor humano de las personas que siguen siendo victimizados por las FARC-EP debe ser menor por el hecho que las bandas emergentes son mas violentas, pero si quiere decir que un acuerdo de paz con las FARC-EP (y hasta con el ELN) no acabará con la guerra y la violencia en Colombia de manera holística.

Incluso esta mañana el Presidente Santos en su Twitter reconoció la lastimosa muerte de Ever Antonio Cordero Oviedo, defensor de derechos humanos y restitución de tierras que fue recientemente asesinado en Valencia, Córdoba. Este señor es solo uno de los miles de Colombianos quienes estan siendo victimazados por esta nueva composición del paramilitarismo, y quienes, por el discurso del gobierno de que son simples ‘bandas criminales’ sin conexiones al poder regional y local, no estan recibiendo ninguna marcha hoy. Entre estos miles figuran por ejemplo, las mujeres de la Asociación  Desplazados Dos de Mayo (ADOM) en el Chocó, y las Mujeres del Valle Encantado en Córdoba.

En Colombia, el desarollo ecónomico de algunos sectores esta ligados a la guerra. La guerra es en Colombia, una especia de institución propia. Desarmar esa institución, cuyas raizes estan nexas a tantas otras instituciónes como el poder político, ecónomico, la industria militar, etc va tener un alto precio. La guerra es un negociazo, y para acabar con ella tendra que haber un cambio fundamental en la sociedad colombiana. El emperador del Etiopia, Haile Selassie, en un discurso que fue immortalizado en una canción de Bob Marley llamado guerra dice que “hasta que no haya ciudadanos de primera y de segunda clase de ninguna nación, habra guerra“.

Este proceso de paz entonces debe ser un proceso tranformativo para la sociedad colombiana. No solo de reconciliación entre víctimas, y víctimarios (dos identidades que se cruzan con frequencia), pero de un nuevo contrato social para empezar a deconstruir esa muralla que divide Las Dos Colombias. La paz contra las FARC-EP tiene que ser un proceso que no solo desata un proceso con el ELN, y el neoparamilitarismo, pero que también empieza una conversación mas amplia sobre las violencias estructurales como la pobreza, el machismo, el racismo, la desigualdad, y sobre todo el clasismo que podujieron las guerrillas.

Tendrá el país esa conversación? Hace 10 años hablar de una negociación con los ‘narcoterroristas’ era imposible, y ahora es algo apoyado generalmente. Tomó una decada de contrainsurgencia, desplazamiento, asesinato, parapolítica, y guerra total, pero por lo menos esto demuestra que los colombianos han podido cambiar de opinión, dejar de al lado el guerrerismo y el odio contra las guerrillas en favor de un supuesto bien común (una paz nacional). Pero ese cambio, como lo que vendrá, tuvo un precio.

—

PS

No todo lo ocurrido fue en Bogotá, les invito a conocer lo ocurrido con el Centro de Memoria Histórica en Buenaventura.

“It’s Colombia, Not Columbia” – Positividad como propaganda?

Recientemente noté que una campaña virtual, “It’s Colombia, Not Columbia” empezada por una empresa digital, Zemora, y su vice-presidente de operaciónes, Carlos Pardo, ha conquistada las redes sociales, y la comunidad colombiana en Twitter y Facebook.

Es algo positivo, creo yo, no solo que nuestros amigos non-colombianos finalmente estarán conscientes del error ortográfico que nos molesta a todos los colombianos, pero que unos jovenes dínamicos de la nación se hayan inventado semejante campaña para rechazar los estereotipos negativos y ignorantes que por demasiado tiempo han definido el imagen internacional del país.

Mucho de lo que la campaña propone es verdad – tanto en terminos de seguridad como reducción de pobreza, en las ultimas dos decadas Colombia ha progresado bastante. Al fondo de la campaña hay una intención muy noble – mostrar el “lado bueno” de Colombia, para que nos conozcan por nuestros maginificos cantantes, artistas, escritores, y activistas por la paz embez de nuestros narcotraficantes y matones. Y, a un paso (dolorosamente) lento, Colombia si esta superando su legado negativo. La Colombia de los años 1990s y los primeros años de los 2000s tenia casi la mitad de sus habitantes viviendo en pobreza; ese numero se ha reducido hoy a un tercio. En el 2002, La organización mundial por la salud de la ONU calificó a Colombia como el país mas violento del mundo, y entre circulos diplomaticos se trataba de un “estado fallido”, hablado de la misma manera en la cual muchos se refieren a Somalia y la República Democratíca del Congo hoy. El 2012, en contraste, tuvo uno de las tasas de asesinatos mas bajas de hace 3 decadas. Tambien vale la pena notar, como el mismo Pardo explica, Medellín, la 2da ciudad del país, fue de ser la capital mundial de asesinatos en 1993 a ser votada una de las ciudades mas “innovadoras” en el 2012.

La campaña, hasta cierto punto, es muy humilde, y sensible al hecho que para demasiados de nosotros y nuestras familias, el baño de sangre que fue los 1990s y los 2000s nos ha dejado con heridas aún muy frescas. Pardo dice que el no quire “negar la realidad de Colombia ni el pasado, pero que si queremos concentrarnos en las cosas buenas”.

Problemas – Quien tiene el derecho de representar a Colombia? Quien fue el responsable por todo este “progreso”?

Sin embargo, Colombia, aún un país muy bello con un pueblo fuerte y resiliente, y con muchas cosas “positivas” que valen la pena resaltar, es todavia una sociedad racista, violenta, y sumamente desigual. Es necesario ser ultra-crítico: Cuales son las cosas “positivas” que se enfatizan? Los imagenes y cuerpos de quien son excluidos? No sorprende, que con una buena pasada por la pagina de Facebook de la campaña, solo se ve los imagenes típicos de la Colombia “avanzada” y “moderna”, con mayoritariamente cuerpos blancos y mestizo de tez europea, quienes parecen pertenecer a la global y cosmopolitana clase-media, con iPhones y todo.

La población ‘real’ del país, al contrario de lo que muchos colombianos quisieran presentar en el exterior, es un poco mas diversa. Por ejemplo, según algunas aproximaciones del PNUD, un tercio del país vive en el campo, y según organizaciónes afro como El Proceso de Comunidades Negras (PCN), hasta 20% del país se podra identificar como afrodescendiente. Colombia tambien tiene una población pequeña pero no insignificante de indigenas, quienes cuentan con ser de 3-5% de la población nacional, y tambien hay una comunidad de arabes en la costa caribe, ni de que hablar de los otros grupos etnícos y sociales que no hacen parte de mitos nacionales dominantes; me refiero a los 35% de colombianos que viven en la pobreza, el aproximado 4.6 milliones que viven en la míseria. Donde esta el lugar de esa Colombia, Colombia entera, con su bueno, su malo, y su feo en esta campaña? Por si caso, la Colombia en la cual solo mencionamos lo “positivo” es una donde no hay minorias etnícas, campesinos, gente pobre?

Ademas, esta campaña no es nada nuevo. Pardo reconoce la historia de campañas de red social anteriores que tambien han tratado de restorar el imagen dañado de la república, como ‘Un Millón de Voces Contra las FARC’ (UMVCF).

Un poco de contexto para los que se perdieron de este movimiento: En el 2008, el estudiante de ingeneria barranquillero, Oscar Morales, tras Facebook, creo la campaña UMVCF – un movimiento virtual contra la insurgencia marxista (o como algunos les dicen ‘narco-terroristas’), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejercito del Pueblo (FARC-EP), pidiendo fin a la violencia, en particular a los secuestros. La campaña de Morales fue super exitosa, con literalmente milliones de colombianos, de todos estratos, saliendo a marchar a las calles. Morales, como ha sido documentado en la excelente crónica de la historia del Facebook por David Kirkpatrick, “The Facebook Effect”, se volvió en eje central del cuento de Mark Zuckerburg, el joven creador de Facebook y multimillionario, de que la naturaleza abierta y conectiva del FB podria traer cambio social y paz al mundo. Lo que a Pardo y a Zuckerburg les faltó mencionar es que una campaña contra un actor armado no es necesariamente una campaña para la paz. UMVF fue una especie de regalo político al discurso de demonización a la disidencia y de la “guerra contra/del terror” del ex-Presidente Alvaro Uribe Vélez, y su contrainsurgencia apoyada por los EEUU. UMVCF tambien fue muy conveniente para el estado como la campaña estaba muta sobre los abusos de la Fuerza Pública y las autodefensas/los paramilitares quienes han sido vinculado con el proyecto militar del estado colombiano.

De una manera similar, “It’s Colombia, Not Columbia” puede ser interpretada como una publicidad gratis para la agenda del gobierno nacional. Dentro de Colombia, todo el mundo conoce que el gobierno esta tratando de hacer un “marketing” profesional, y comercializar el imagen del país, con las campañas “Colombia, es pasión” y “Colombia, the only risk is wanting to say” (“Colombia, el unico riesgo es querer quedarse), todo aspirando en salir de la sombra de las guerrillas y el narcotrafico para presentar a Colombia como una opción viable para el turismo y la inversión extranjera.

Este pedazito de la entrevista en The Huffington Post con Pardo, traducido del inglés, creo que habla por si solo.

“Hay algunos que dirian que Colombia no es el paraiso que la campaña esta pintando. Por ejemplo, pese a los actuales dialogos de paz, todavia las guerrillas del ELN y las FARC siguen comitiendo actos violentos, y Colombia sigue siendo el primer productor de coca en el mundo. Entonces, cuales exactamente son los cambios que ustedes quieren que el mundo vea?

Pardo: Queremos que la gente comprenda que Colombia es mucho mas de lo que se ve en los medios.  Queremos balancear el mensaje, y mostrar el lado positivo. Hoy, Colombia tiene una economía fuerte y los inversiónistas estan mirando hacia Ameríca Latina, particularmente a Colombia quien durante la crisis mundial financiera a mostrado tasas de crecimiento sostenibles. Creo que Zemora es un ejemplo de esos cambios, la gente piensa que todo lo que Colombia exporta es café, y eso es importante, pero también exportamos servicios digitales a clientes como Toyota, Nissan, BMW, Sea World”

De nuevo, Pardo no esta necesariamente equivocado – Colombia si se puede identificar como una de las economias mas fuertes de Ameríca Latina, si no del mundo, en este actual deprimiento global económico. Lo que a Pardo se le olvida mencionar, es que de acuerdo con el programa de desarollo economico del actual Presidente, Juan Manuel Santos, la extracción de los recursos naturales, y no la economia digital, sera la “locomotora” del crecimiento. Con la liberalización del comercio, y el “re-establecimiento” (violento) del estado en areas anteriormente “marginales” del campo, controladas por las guerrillas y ricas en recursos, gracias a la contrainsurgencia y la “estabilización” del país, Colombia ahora esta “open for business”/lista para la inversión. Vale notar que durante los dos periodos del Ex-Presidente Uribe, la inversión extranjera en Colombia, se triplicó.

Mi otro bello país, el Canadá, ya ha comenzado a agresivamente invertir en el sector minero coombiano, y un banco canadiense ya se apropió una de las instituciones financieras mas importantes de Colombia. Acusaciones de nexos entre la mineria, la agroindustria, y los neo-paramilitares han surgido por todos lados. Tambien tengo que mencionar como la multinacional gringa Drummond, recientemente fue responsable de un catastrofe ambiental en la costa caribe, y que los trabajadores de la mina del Cerrejón, la mina mas grande de carbón del mundo, en una de los departamentos mas indigenas y mas pobres de Colombia, La Guajira, estan en huelga pidiendo una mejor renumeración. Del otro lado, si, la pobreza se ha reducido 15% en una decada, pero el GINI, la medida de la desigualdad, casi ni se ha movido de su altura de 0.57 a su actual nivel de por ahi 0.55, haciendo que Colombia sea el país mas desigual de Ameríca Latina, despues de Bolivia y Haití, y uno de los mas desiguales del mundo.

Por decir lo menos, la inversión extranjera que parece como una motivación de esta campaña urbana, no esta sin su controversia. Se puede decir que esta inversión esta perjudicando lo maximo, y devolviendo lo menos, a aquellos quienes son invinsibles en la campaña “It’s Colombia, Not Columbia” y quienes historicamente han sido invisibilizados por la sociedad colombiana – los indigenas, gente pobre, los afro, los desplazados, la gente que vive en el campo y las regiones “periferas”.

En sintesis, ya que la paz con las FARC se acerca, los colombianos tenemos que re-conceptualizar que es “Colombia” (y como queremos que sea percibido en el exterior) para que podramos sobrepasar (pero nunca olvidar) el legado ultra-violento de la nación. Crearemos un nuevo pacto social, reconoceremos los crimenes de los poderosos, y haremos una Colombia mas diversa, mas inclusiva, (como la de la constitución del 91), y nos alejaremos de las estructuras de poder y desigualdad quienes dieron leña al fuego de la violencia en el primer plazo? O continuaremos a sostener los mismos cuentos de nación, y sistemas de desigualdad en donde algunos son escuchados, muchos callados, y las riquezas de la nación son vendidas al extranjero mas rico sin la consulta prevía de las comunidades quienes viven sobre ellas, pero en la cual baseamos a los extranjeros quienes se atreven a reconocer nuestras desgracias, o mucho peor, no saben como se escribe “Colombia”?