Drummond, un desastre ambiental, económico y social

Originalmente publicado el lunes 18 de febrero, 2013 en Razon Publica. Por Rafael Pardo de Colombia Medio Punto.

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Un análisis revelador y detallado del contrato leonino y de la larga cadena de abusos  y de excesos de esta compañía carbonera durante 25 años.

Álvaro Pardo*

​Se nos creció el gringo

Gary Drummond, un mediano productor de carbón en Alabama, Estados Unidos, suscribió en 1988 con Carbocol el contrato de Aporte Minero 078 para operar La Loma, cuyos términos y condiciones le permiten actuar en los departamentos de Cesar y Magdalena como una república independiente, sin más leyes y normas que las que la compañía misma establece y que el Estado debe respetar.

Con diez años de anticipación, la compañía Drummond solicitó a la autoridad minera renovar el oneroso contrato de Aporte Minero de La Loma, que vence en el 2019, y que arrastra un enorme historial de irregularidades e infracciones a las normas ambientales, y un ostensible desprecio por el entorno social, los derechos humanos y la legislación laboral.

Con una producción superior a los 23 millones de toneladas en el 2011,  esta compañía se ha convertido en la segunda carbonera más importante del país — después de Cerrejón — a costa de transformar, en complicidad con el Estado, un rico departamento agropecuario en un desierto en construcción.

​Gary Drummond, un mediano productor de carbón en Alabama, Estados Unidos, con alto vuelo en Colombia. Foto: Justice For Colombia.

Contrato leonino

Quienes pensaban que Cerro Matoso era un modelo de lo que el país no debía hacer en materia de contratación minera, están equivocados. Veamos algunas joyas del contrato original y de los otrosíes que conforman el contrato 078 de 1988.

A diferencia de todos los demás contratos mineros del país — que pagan regalías por la producción en boca de mina — Drummond logró pactar que las regalías se paguen por los volúmenes que embarcan. De manera que todo el carbón que se pierda en el proceso técnico, de transporte y de embarque corre por cuenta del Estado. Por ejemplo, el carbón que fue arrojado al mar el pasado 13 de enero es una pérdida para el Estado.
Todas las cifras del contrato son presuntivas. Inversión presuntiva, ganancias presuntivas, costos presuntivos y fletes presuntivos. Sobre estas cifras presuntivas, se calcularon las regalías y se pagaron los impuestos; se permitió el uso de estos estimativos, porque “la empresa requiere tener suficiente flexibilidad técnica para su adecuado desarrollo”.
Las regalías son del 15 por ciento sobre el precio FOB presuntivo. Además de ser presuntivas, las regalías no se pagan como en los demás contratos mineros —  sino el primer 5 por ciento a los 30 días del embarque y el 10 por ciento restantes otros 30 días después. Una forma elegante de financiarse con recursos del Estado.
Uno de los logros económicos más importantes para el país fue haber pactado una ganancia presuntiva equivalente a las ventas brutas de carbón menos los costos presuntivos y la renta de los activos. Como los costos presuntivos los estima Drummond, el Estado no ha recibido jamás un solo peso por este concepto.
El precio FOB del carbón de Drummond se fijó inicialmente en relación directa con el precio FOB del carbón del Cerrejón. Sin embargo, desde cuando se enajenaron los intereses de la Nación en Cerrejón, el precio fue fijado durante varios años por la misma compañía. La autoridad minera ni se inmutó por el riesgo moral de la información, pese a que es una variable fundamental para calcular las regalías y pagar impuestos.

Actualmente, las regalías se liquidan mediante una fórmula compleja, cuyas variables surgen sin que la autoridad minera las pueda fiscalizar. Las restricciones al acceso a la información son tan grandes, que la realidad contable de la operación está cubierto con un manto de confidencialidad.

Las regalías se liquidan mediante una fórmula compleja, cuyas variables surgen sin que la autoridad minera las pueda fiscalizar.

El contrato de La Loma se extiende hasta el 23 de febrero del 2019, y el mismo contrato establece la forma como se llevará a cabo la reversión gratuita de los bienes al Estado. Sin embargo, y pese a que no hay posibilidad de renovación, desde 2009 la compañía inició gestiones orientadas a lograr una nueva prórroga de 30 años, con la misma estrategia litigiosa, irregular y mañosa de Cerro Matoso.

Entre los costos deducibles para obtener el precio FOB Boca de Mina se incluyen los costos operativos, hecho que es razonable y que se aplica a los demás contratos mineros. Pero Drummond logró también que se permitiera la deducción de costos no operativos, como amortizaciones y rendimientos sobre la inversión.
En ocasiones, los costos operativos y no operativos fueron tan altos que superaron los precios de venta del carbón y el precio FOB Boca de Mina fue negativo. La autoridad minera no tiene forma de verificar esta información.

Cuando Carbocol necesite revisar una información, designará una firma independiente, aceptable para Drummond, para verificar los pagos de las regalías, y podrá revisar todo, excepto la información de las actividades realizadas entre Drummond y las demás empresas de su grupo. Esa es la forma clásica de reducir los impuestos y regalías que pagan las multinacionales a los países pobres con recursos naturales no renovables.

La información sobre embarques es provista por un certificador independiente, nombrado y pagado por Drummond. Toda la información relevante depende de la compañía y todo el contrato está diseñado para defender sus intereses económicos.

Compras de carbón a terceros, mezclas de carbón en puertos, depreciación de bienes ya depreciados, venta de un porcentaje de  los RNNR del Estado a la japonesa Itachu y tarifas férreas son temas también grises y confusos en este contrato. En tres auditorias, la Contraloría General de la República se llamó la atención sobre estos temas, pero ni empresa, ni autoridad minera, se dieron por enterados.

En un ejercicio preliminar, la Contraloría General encontró que los costos de transporte por tonelada en tren eran inexplicablemente superiores al transporte terrestre. Por ese concepto, integrado a los costos operativos, el país habría dejado de recibir unos 60.000 millones de pesos en 2005.

Por ejemplo, el carbón que fue arrojado al mar el pasado 13 de enero es una pérdida para el Estado.

En fin, el análisis del contrato revela la gran debilidad negociadora del Estado; su desmedido afán de atraer a cualquier costo a inversionistas extranjeros para que, mediante la explotación acelerada de los recursos naturales no renovables, se cree un flujo de caja representado por impuestos y regalías; el poder de las multinacionales para imponer sus propias condiciones, desde luego muy provechosas para los privados, y el profundo desprecio por todos los demás aspectos del entorno minero: el medio ambiente, la comunidad, los trabajadores, los derechos humanos y los poblados confinados.

En los Contratos de Aporte firmados con Drummond, Cerro Matoso, Prodeco y Cerrejón, los mayores productores de carbón y níquel, se manifiestan tanto el poder de las multinacionales para diseñar un esquema contractual que les permite maximizar sus ganancias como la ausencia de un Estado y una política minera que defienda los intereses de los colombianos.

Un estorbo para la gran minería

Decenas de estudios académicos, independientes y de los organismos de control coinciden en el inmenso daño ambiental de las diversas operaciones de gran minería a cielo abierto que se adelantan sin mayor control oficial en la zona central del departamento de Cesar.

Al proceso de desertización lo acompañan las corridas del río Calenturitas, la desaparición de arroyos y de grandes superficies de vocación agrícola y pecuaria, y las oleadas de polvillo de carbón que azotan la salud de niños y ancianos,

A esto se agrega la negativa de la compañía para tomar medidas que reduzcan la emisión de polvillo del carbón durante la explotación y el transporte, así como la burla a las normas que lo obligan al cargue directo del mineral en el puerto en Santa Marta. El plazo para iniciar el cargue directo ha sido, inexplicablemente, ampliado por el gobierno de 2010 [1] a 2014. Muchos apuestan a que la compañía logrará una nueva extensión de este plazo.

El reciente vertimiento de carbón al mar en inmediaciones de Ciénaga, cerca a Santa Marta (un hecho que Sandra P. Vilardy  analiza en esta misma entrega de Razón Pública)  es una muestra más de su ineficiente sistema de carga, de la desidia frente al ecosistema natural, del desconocimiento deliberado del procedimiento de manejo de contingencias y de la falta de transparencia y ética empresarial.

No obstante, el expresidente de Drummond, Augusto Jiménez, repite con frecuencia que la minería en Colombia se está marchitando debido a las trabas de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a la ineficiencia de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), a los indígenas que no dejan trabajar y a las ONGs ambientalistas que le generan un mal ambiente al sector.

 Sin sonrojarse siquiera, repitió esta diatriba durante una cumbre de la gran minería con presencia del presidente Santos el pasado 29 de enero, dos semanas después del ecocidio frente a las playas de Santa Marta.

La Drummond ha recibido varias multas por infracciones a las normas ambientales:

• el 17 de julio del 2007, mediante resolución 1286 de 2007, el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial impuso una multa por 140 millones de pesos,  por contaminar el mar y por no haber tomado los correctivos correspondientes para el transporte adecuado del mineral.
• También en 2007, el mismo ministerio multó con 130 millones de pesos a American Port Company Inc. por exportar más carbón del autorizado;
• En 2008, la compañía debió pagar otra multa de 1.700 millones de pesos, por la construcción de corredores y vías sin licencia ambiental.

El oneroso contrato de Aporte Minero de La Loma, que vence en el 2019, arrastra un enorme historial de irregularidades e ​infracciones a las normas ambientales. Foto: sintramienergeticanacional.blogspot.com

Con cara gana Drummond, con sello pierde el país

El contrato original establece que cuando Drummond incumpla el contrato, si paga la multa en los siguientes primeros diez días, el hecho no se considerará un incumplimiento y no quedará registrado en el expediente.

Sin embargo, cuando el incumplimiento es imputable al Estado, como fue el caso de Ferrovías, Drummond no dudó en demandar ante la Cámara de Comercio Internacional de París, pleito que ganó y que significó un costo de unos 60.000 millones de pesos para la Nación. De acuerdo con los documentos disponibles sobre la materia y al informe de Noticias Uno el pasado 9 de febrero, el gobierno pagó la multa a Drummond el 28 de diciembre de 2012.

Otro tema que llama la atención: Peter Burrowes, presidente de FENOCO entre junio de 2008 y agosto de 2012 — empresa que heredó la demanda de Drummond contra Ferrovías y quien en ese periodo ha debido defender los intereses del Estado –, fue nombrado en noviembre de ese mismo año Vicepresidente Ejecutivo de Drummond Internacional. Aunque se alega que la puerta giratoria no tiene nada de ilegal, por lo menos sí se nota un cierto grado de indelicadeza que deja mucho que pensar.

“Estamos muy orgullosos de nuestro historial en Colombia”, dijo Drummond en un comunicado recientemente expedido, en el que además se declaran víctimas del asalto intelectual de sus críticos. Este es el cinismo con que actúan en Colombia estas compañías, especialmente las que conforman el gremio de la Minería a Gran Escala.

Proven Excellence in Colombia

Pobladores de El Hatillo, Plan Bonito y Boquerón esperan desde 2010 que Drummond, entre otras, comiencen la ejecución del plan de reubicación para escapar de la grave polución causada por la explotación de carbón a cielo abierto.

Confinados en sus casas, presionados por montañas de material estéril, con problemas de salud y sin alternativas de vida, los habitantes de las áreas de influencia esperan que gobierno y compañías mineras se pongan de acuerdo para solucionar este grave problema de confinamiento, una de las formas más atroces de atropello a la comunidad.

Recientemente, un juez penal condenó a 37 años de cárcel a un contratista de Drummond por el asesinato de dos sindicalistas de la empresa en 2001. El condenado, Jaime Blanco Maya, insiste en que la orden del asesinato provino de la cúpula de Drummond. Según el artículo de El Nuevo Herald del 10 de febrero de 2013, el juez ordenó a la Fiscalía investigar a Gary Drummond y a Augusto Jiménez.

Más de 400 trabajadores y extrabajadores con incapacidad por enfermedades profesionales y asma ocupacional (sílice + carbonilla en los pulmones), hablan mal del programa de salud ocupacional. Aquí el Ministerio de Salud ha sido el gran ausente de esta problemática.

Más allá de lo que pagan por regalías e impuestos, esta compañía — cuyo lema es Proven Excellence in Colombia — ha resultado un auténtico desastre para los colombianos. Ojalá la autoridad minera tuviera el valor civil de NO renovar el contrato minero.

*  Director de Colombia Punto Medio

** Los documentos utilizados en este artículo en
www.colombiapuntomedio.com

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War is Development by Other Means: What the latest displacement numbers aren’t telling you

“If the war is a continuation of economics by other means…[then] in Colombia, arms, independent of who wields them, serve the promotion of a social logic of development…” –  Carlos Rosero

This week Colombia was back in the headlines, as a fact that was known nationally for a while now finally made it into the Anglophone mainstream. The International Displacement Monitoring Centre gave the South American nation the unfortunate distinction of having the world’s largest population of internally displaced people, at 5.5 million in its annual report in displacement. Another notable is clearly Syria, who has the fastest growing population of uprooted people, 3 million of the nations 22 million people, and the conflict in the eastern Kivu provinces of the Democratic Republic of the Congo which also displaced 2.4 million after an increase in violence last year that continues today.

The 5.5 million number comes from one of Colombia’s most respected national NGOs, The Consultory for Human Rights and Displacement known by its Spanish acronym CODHES. For decades, the government has claimed that the displaced population in Colombia figures between 3.5-4.9 million, and CODHES has claimed that this number is a gross underestimate, often citing the IDP population at 5.4 million since 2011. Nevertheless, the UNHCR and the Colombian government have slowly started to recognize the value of CODHES methodology, and in so doing their estimates of the IDP population have consequently increased.

These numbers speak volumes to the fact that forced displacement in Colombia, as one of the main forms of violence used by armed actors (and, to a certain extent, one of the few survival strategies of communities) is central to the Colombian conflict and cannot be seen as a consequence/collateral damage of a political issue (the war) but a political, social, and humanitarian issue in and of itself. The numbers also evidence the centrality of controlling territory to the strategies of armed actors (more on that below).

In their annual report, which has been picked up by some media, ‘Columbia’ receives a scant 6 pages despite having the largest population. However, IDMC does recognize challenges with the Victim’s Law (which is trying to provide land restitution to IDPs), and that 230,000 people were displaced last year/although far  from its peak of millions a decade ago, displacement continues to be a very real and present issue.

There is quite a lot that the numbers and supposedly expert analysis from the IDMC and the Norwegian Refugee Council aren’t telling you though.

Firstly, the numbers are somewhat meaningless in an international sense. There is no point in having a sensational “Displacement Olympics” in which Colombia is the gold medal winner and Syria is a rising contender. Although the country’s international image which in terms of security is largely constructed around drug trafficking and kidnapping makes displacement an invisible crisis, comparisons are a bit dangerous. For many years, Colombia was cited as having “the world’s 3rd largest” IDP population after Sudan and Iraq, and then the second only after Sudan, and now Colombia is the undisputed champion. In the early 2000s, when violence was at its height, being the nth country on the list in comparison to Iraq, Afghanistan, or Sudan would have been cold comfort to the millions of people who were violently being uprooted every year from their homes.

Any displacement is too much displacement and we have to think about the way we talk about nations in the Global South. If ‘just’ 50,000 were displaced by war next year in Canada, that would give a lot of people pause. Why are millions of displaced in countries/regions associated with war seen as somehow natural or different?

Secondly, the oft-cited 3.5, 3.9, 4.5, 5.4, and now 5.5 million figures when it comes to displacement in Colombia actually only begin counting from 1985 to the present day. This manifestation of war began in 1964. Therefore, there are literally 20 years of war whose effects on displacement we really don’t know about.

Thirdly, Colombia’s large (and sensationally constructed) displaced population often obscures the fact that between 500,00-1 million Colombians left the country as refugees mostly to Venezuela, Ecuador, Spain, the US, and Canada. If you count these, the number of people who have left their homes due to violence in Colombia is closer to 6.5 million.

Fourth, there is a much larger point about how we conceptualize and consequently prioritize certain kinds of violence. Countless not only Colombians, but Latin Americans, Africans, and many others are currently being displaced by the development of large extractive/mining projects and mega-infrastructure projects. Furthermore, the large amount of violence currently occurring in Mexico and Central America which has displaced thousands is considered criminal, and not political/not related to war. The neo-paramilitary groups, known by the Colombian government as “BACRIM”/criminal bands, are (in my view incorrectly) being framed as criminal actors, and not stakeholders in the political and social armed conflict, and therefore their victims are not entitled to the same reparations which people dispalced by the FARC-EP, ELN, or the Army are.  For example, all actors in Colombia’s conflict are involved, in different ways and proportions, to drug trafficking and mining.

So we have to ask ourselves, why are we being so narrow as to focus on “displacement caused by war”, as if we can define when political violence ends, and criminal and economic violence begins, and as if one is more pressing than another. Therefore, the numbers presented by IDMC represent only a very particular type, and fraction, of the general problem of powerful actors creating insecurity and fear leading to forced migration. Although they nod to the displacement created by these neo-paramilitary groups with an ambiguous political status, the media has framed these as displacements due to traditional understandings of what constitutes war or political violence.

IDMC’s analysis also features the gendered, racialized, classist, and anti-peasant dimensions of forced displacement. Displacement in Colombia disproportionately affects Afro-Colombians and  indigenous peoples (who live in rural areas, typically rich in resources and coveted by armed groups), people who are lower-class (94% of IDPs are poor, although many are impoverished due to displacement), people who are peasants or live in rural areas (although intra-urban displacement is becoming a growing phenomenon). Displaced people are disproportionately single women with children.

However, the report does not mention how many indigenous people are displaced to other indigenous communities, or in areas so remote, that their experiences are often not captured by official records. Moreover, the report, although recognizing that forced migration effects indigenous and Afro-Colombians in particularly, it does not mention the unique relationships of these groups’ respective identity to the territory in the rural context and how displacement from the rural land to the city is often also a process of cultural and social alienation, exacerbating the sense of loss in terms of identity, territory, autonomy, and culture. Furthermore, many Afro-Colombian intellectuals and activists have considered displacement not as a part of war, but as another manifestation of the violence of colonialism which displaced them from Africa, enslaved them in the Americas, and is now again displacing them for their territory in Colombia.

The number also isn’t telling you about how individuals who we have dehumanized under the decontextualizing, technical, and sanitized label of “internally displaced person” or “IDP” (desplazado in Colombia) are subjects with agencies and individual stories. Many Colombians have never been displaced. Many more have been displaced multiple times in their lives. For many, the word “IDP” or “displaced” leads to a stigma of being not only a victim, but associated with the war. In Colombia there is the very ugly prejudice that if someone was displaced, “it must have not been for no reason”. Many communities and people who are displaced, like all of us, have strong ties to their neighbours, friends, territory and social world in which they inhabited, all which are violently unmade by  displacement. Forced migration has to be understood as a very human process of displacement in which one’s social relationship  to geographic space and others is traumatically broken.

But the label is also dehumanizing in that it only sees the displaced person as an object to be effected by armed groups, an obstacle in the crossfire. Nevertheless, people in Colombia (and elsewhere) are subjects and many of them after being displaced actively advocate for their rights and demand justice. However, the demand for restitution of land by survivor’s groups coupled with the Colombian state’s denial of the continuation of paramilitarism has resulted in leaders and representatives of displaced communities being among the primary targets for selected assassination and threats by armed groups. Again, displacement is therefore an issue central, and not collateral, to violence. The IDMC report does mention that in 2004, the Constitutional Court considered the murder of these advocates to be ‘crimes against humanity’.

The final, and in my view, most important thing that forced displacement is about how the Colombian conflict is intimately tied to, some would even say caused, by a need to control land and the political and economic opportunity which it represents.

The report cites “internal armed conflict” and “criminal violence” as causing displacement, as if these do not intertwine and as if these exist in a vacuum isolated from the social world of politics, economic development, the interests of the plutocracy, social movements, and other factors.

Although forced displacement due to armed conflict becomes hypervisible to us in the West and Global North given its humanitarian (and sensational) nature, the root causes of much of this violence becomes invisible because it enables our economic development. The Canadian Pension Plan (CPP) invests in mining companies who are allied with neo-paramilitary groups who displace. Therefore, displacement is not a side-effect of a war which we seldom understand and only see glimpses of through our television screen in Canada, but it is actually necessary for our way of life.

As Colombian-American Anthropologist Arturo Escobar says, displacement is constitutive of capitalist economic development. More land is perpetually needed to fuel growth, and the people living on that land are an obstacle to that development if they are not aligned with it. It bears mentioning here that one of the “economic engines” of President Juan Manuel Santos’ development plan is mining, which has been very much tied to paramilitary displacement. Multinational corporations in the form of mining and agribusiness, drug traffickers, and cattle ranchers, all have a vested stake in having the Colombian land without the people on it.

Many rural displacements, which occur in ‘The Other Colombia’ where a lack of state presence led to the incursion of the insurgency, and then the counterinsurgency, are in areas where the state has only recently appeared, and now sees the riches which the land offer for ‘development’. Livelihoods and ways of being which are counter to the nation-building economic project, which perhaps benefits more Urban Colombia than Rural Colombia, such as fishing, subsistence agriculture, artisanal mining, are displaced to make way for large-scale mega-projects that fit within the logic and supposed rationality of extractive capitalism. Displacement needs to occur to let the nation-state develop since Colombia for a long time was an unconsolidated state; displacement is the violent resolution of the tension created by the different social philosophies of Urban Colombia and Rural Colombia.